La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a 1.751 bienes, cuyo valor comercial supera los 4.83 billones de pesos.

Las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto del tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, cometidos por el extinto capo del Cartel de Cali, Helmer ‘Pacho’ Herrera.

Las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro afectan a 67 predios rurales, 364 inmuebles urbanos, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio y 878 semovientes. Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Bolívar, Atlántico y Caquetá.

Uno de los inmuebles que llama la atención es un apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá, avaluado en más de 25.000 millones de pesos.

Los elementos de prueba indican que entre los dueños de esta millonaria fortuna ilícita figuran presuntos testaferros y William Herrera, alias W, sobrino de ‘Pacho’ Herrera. Durante la captura de esta persona, en agosto de 2019, en Cali, fueron encontrados  escrituras y certificados de tradición y libertad, entre otros documentos, que relacionaban de manera detallada las propiedades que su tío tendría ocultas en el país.

El material de prueba recaudado da cuenta de que alias W, al parecer, pactó con el ‘Clan del Golfo’ la entrega del 30% del valor de cada bien, a cambio de que la estructura criminal le ayudara a recuperar de manera violenta los inmuebles, sociedades o establecimientos comerciales que pertenecerían a ‘Pacho’ Herrera.

Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Con este importante resultado, son dos las acciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación contra la fortuna ilícita de ‘Pacho’ Herrera, integrante del cartel de Cali, quien fue asesinado el 4 de noviembre de 1998 en la Cárcel de Palmira (Valle del Cauca), donde cumplía una sentencia de 14 años de prisión por tráfico de estupefacientes.

En las primeras diligencias con fines de extinción de dominio, ejecutadas en enero de 2020, se ocuparon bienes por 5.6 millones de pesos. Por lo que el impacto a la fortuna ilícita del extinto narcotraficante supera los 10 billones de pesos.